El siguiente extracto contiene las páginas 63 a 68 de la 2da. edición corregida y aumentada, Ed. PICaSo/La Rosa Blindada, diciembre de 2003.
Escrito por Juan Carlos Marín hacia 1979.
"El regreso esperado de Perón a Ezeiza muestra la incapacidad irreversible del peronismo de expresar la unidad de las masas populares en la Argentina: pero muestra también la decisión lúcida de los sectores regresivos muy por encima de los combatientes revolucionarios.
La tregua había durado lo que las ilusiones habían encubierto. Las masas presenciaron en Ezeiza una imagen profética de la Argentina: la lucha a campo abierto. Les tocaba ahora a ellas alinearse.
El gobierno de Perón se muestra incapaz de imponer una política de cese a las hostilidades y durante 1974 se suceden aproximadamente unos dos mil doscientos hechos armados.
Los combatientes revolucionarios que no aceptaron el cese de hostilidades contra las fuerzas armadas y las grandes empresas monopolistas extranjeras y nacionales, son declaradas fuera de la ley en 1973.
La estrategia gatopardista de la burguesía "ilustrada" comenzaba a dar sus frutos: Perón, el peronismo, eran incapaces de conducir y controlar su movimiento y el movimiento de masas en los moldes del sistema institucional.
Una intensa lucha entre las fracciones del peronismo por conquistar su lugar en el aparato del Estado ha creado una fragmentación objetiva del poder instrumental del mismo. Las fracciones más radicalizadas del movimiento de masas aprovechan la situación de "neutralización" de los aparatos represivos y se lanzan a ocupar sus lugares en los frentes de masas, buscando las formas de su movilización.[2]
Perón fortalece su política mediante la incorporación de una ofensiva armada dirigida hacia las fracciones más radicalizadas de su movimiento. La desarrolla mediante dos tácticas; por un lado, la creación específica de un organismo "parapolicial", la llamada Triple A, "AAA" (Alianza Anticomunista Argentina); y, por otro, la legitimación de una política armada de las fracciones de su movimiento en la implementación de acciones "golpistas", el "Navarrazo".[3]
El brazo armado para el logro de su ofensiva fue producto de una táctica de reclutamiento en los cuadros armados del aparato estatal, en particular en los cuadros federales policiales, asumiendo la forma de organización clandestina con capacidad de reclutamiento de cuadros civiles.[4] Dicha táctica era coherente con lo que de hecho habían sido las acciones "paramilitares" de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas. La permisibilidad de los aparatos armados del Estado respecto a la táctica político militar de Perón, para enfrentar la radicalización de su movimiento y de las acciones de las masas, fue significativa.[5]
En parte, lo mismo sucedió con respecto a la política armada "golpista" de Perón: el "Navarrazo" fue aceptado como una situación de hecho por el parlamento.[6]
Tanto las fuerzas armadas como la oposición oficial parlamentaria miraban con íntima complicidad el proceso. El costo político de los enfrentamientos lo asumía el peronismo.
Por otra parte, la burguesía "ilustrada" se sentía doblemente satisfecha: no sólo el peronismo se mostraba incapaz de llevar a cabo la institucionalización, sino que, a la vez que se desgastaba ante los sectores populares, los desarmaba políticamente. Decide, también ella, pasar lentamente a una ofensiva como manera de profundizar las condiciones del enfrentamiento. Quiebra la situación de tregua económica que sus sectores habían otorgado inicialmente al gobierno peronista. Abre con ello un nuevo frente de lucha que estaba medianamente neutralizado en los sectores obreros, y con ellos debilita, además, a las fracciones burguesas comprometidas con el proyecto del peronismo.
No había duda de que se reestructuraban las trincheras, se retomaban territorios. Los sectores populares no estaban preparados para la ofensiva política de Perón, mucho menos aún para enfrentar su carácter armado; no habían logrado definir una estrategia que los unificara ante el nuevo período que se había abierto con el ascenso de Perón al gobierno. Por el contrario, se había desarrollado inicialmente también entre ellos una "batalla competitiva" en los frentes de masas que los habían llevado a enfrentamientos parciales en el intento por afirmarse como conducción de cada una de sus fracciones políticas.
La acción de los grupos "paramilitares" y la emergencia de una tendencia fascista con capacidad de constituirse en una fuerza política de carácter armado y gozar de la complicidad del régimen, recrean una situación en la que la posibilidad de la acción política de las masas está subordinada a la gestación de una estrategia político-militar revolucionaria.
En síntesis, a la muerte de Perón, las bases para tres grandes fuerzas han quedado establecidas. Cada una de ellas comenzara a implementar abierta y resueltamente su estrategia político-militar.
Todo intento por comprender la situación real de la Argentina, así como sus tendencias, nos conduce a una reflexión acerca del carácter social de su particular situación de "guerra".
Tradicionalmente la guerra fue un atributo de las clases dominantes y en esa medida -en la lucha por una territorialidad- de los Estados. Por supuesto que "represión" y "terrorismo" no tienen, al menos instrumentalmente, la capacidad para definir una situación de lucha armada como de guerra. Pero cuando la política armada estatal reemplaza la "represión" por la "aniquilación" como única relación con el adversario nos encontramos entonces en un espacio en el que las leyes de la guerra comienzan a hegemonizar las acciones y las relaciones entre las fuerzas sociales en pugna.
"... a partir del 16 de setiembre de 1970 el promedio de secuestros y desapariciones había sido de uno cada 18 días", en la actualidad la acción de los aparatos "paramilitares" de la política armada del Estado ha logrado un promedio no inferior a las cinco personas diarias desde julio de 1976.
Las fuerzas armadas argentinas han definido como eje de su política estatal de reordenamiento del sistema institucional nacional la "aniquilación de la delincuencia subversiva". Por otra parte, los "delincuentes subversivos" asumen la constitución de un "ejército popular" como el instrumento estratégico esencial en este período de la lucha de clases.
¿Por qué la lucha de clases asumió la forma de una guerra?
Así como la existencia de la lucha de clases no depende de ninguna voluntad subjetiva en particular, ya que refiere a una ley correspondiente a determinadas formaciones económico‑sociales, la guerra tampoco está subordinada y constreñida al ámbito de una voluntad subjetiva. Ella puede ser conducida, pero su existencia sólo hace expresar la realidad que ha asumido la relación entre las clases durante un determinado período histórico.
El "secuestro", la "desaparición", comenzaron siendo los dos instrumentos típicos que fueron desplazando y subvirtiendo las formas institucionales tradicionales de la represión policial legítima del sistema. Se convirtió en una política sistemática de aniquilamiento de los cuadros más combativos del movimiento popular, cualesquiera fueran sus orientaciones políticas.
Una táctica política iba así ganando terreno en los aparatos armados del Estado; en la práctica, los cortó transversalmente y se fueron constituyendo fracciones internas que comenzaron a realizar tareas "parapoliciales". En este sentido, es obvio que al menos una fracción de la burguesía comenzó las acciones "irregulares" aproximadamente a partir de 1969 contra la fuerza social que movilizaba el movimiento popular.
La burguesía siempre mantiene, claro está, una política armada, pero los instrumentos que manipula en la implementación de su dominación -así como también en los enfrentamientos sociales que ésta provoca- expresan y revelan una trama social que ayuda a comprender las condiciones específicas en que intenta mantener esa dominación."
NOTAS
[1] Específicamente se declaró ilegal al Partido Revolucionario de los Trabajadores y al Ejército Revolucionario del Pueblo, conducidos por Mario Roberto Santucho.
[2] En la práctica, muchas de las organizaciones radicalizadas del peronismo - formadas en su gran mayoría por cuadros que habían abandonado organizaciones de izquierda marxistas- entraron en conflicto y enfrentamiento con organizaciones de izquierda marxista en la lucha por la conducción de los frentes de masas.
[3] Por "Navarrazo" se hace referencia a un suceso ocurrido en 1974, en el cual participó el jefe de la Policía Provincial de Córdoba, y que tuvo como consecuencia el cese del mandato constitucional de las autoridades provinciales en Córdoba. La sublevación de Navarro contó con el apoyo de importantes fracciones de la clase obrera cordobesa y, por supuesto, de los cuadros policiales bajo su mando.
[4] Acerca de la participación de cuadros armados del aparato estatal y civiles en grupos denominados"parapoliciales", así como de la forma de organización clandestina que se dieron, confrontar la descripción que de uno de estos grupos realiza uno de sus integrantes en el diario La Opinión del 12/02/76, Segunda Sección y el diario Crónica del 09/02/76 y 26/02/76, Buenos Aires, Argentina.
[5] A la larga se revelaría de qué manera su actitud se correspondía con una decisión estratégica de las fuerzas armadas del Estado en tanto control monopólico del uso de la fuerza física y moral.
[6] La enorme mayoría parlamentaria, compuesta fundamentalmente por los elementos más oficialistas del peronismo y del radicalismo, deseaba profundamente la eliminación de la situación política de la Provincia de Córdoba, la cual se volcaba en forma cada vez más creciente hacia una radicalización.
[7] Conviene recordar que la burguesía argentina ante el proceso electoral dividió sus fuerzas en dos grandes líneas: su incorporación a la alianza de clases ofrecida por el peronismo y que se formalizó en el Frejuli; y la postura del resto de la burguesía que estaba siendo liderada por la burguesía financiera argentina, de otorgamiento de una tregua en todos los frentes. De la alianza surgió el "pacto social", formalizado entre las organizaciones empresariales y la Central Obrera (CGT); de la tregua surgió la alternativa constitucional.
[8] Las tres fuerzas eran: la del régimen; la del gobierno; y las organizaciones revolucionarias. Las tres cortaban transversalmente a la sociedad argentina, aunque por supuesto, de muy diferentes maneras.
[9] A este respecto es interesante confrontar la "lista de desaparecidos" publicada por el diario La Prensa el 17/05/78, pp. 15-17, Buenos Aires, Argentina.
[10] "Pregunta que formularon los representantes de la prensa nacional y extranjera al Jefe del Estado Mayor General de Ejército, General de División Roberto Viola:
Pregunta: ¿Considera el Comando General del Ejército que se ha producido la unión de ERP y Montoneros, o que es posible que se produzca?
Respuesta. Estas dos bandas subversivas han intentado acercamiento para fusionarse en una sola organización. pero fracasaron por apetencias personales de sus dirigentes y algunas discrepancias sobre metodología a emplear, ya que ambas concuerdan en sus fines.
Entre ellas ha existido y existe una importante coordinación en el accionar y un intercambio permanente a nivel logístico financiero, de información e incluso se han comprobado actuaciones en conjunto en algunos operativos realizados" (La Nación, 20/04/77).
Distintas fueron las estrategias existentes en las organizaciones revolucionarias acerca de la formación de un ejército popular; pero lo cierto es que respecto a la necesidad de su existencia hubo un acuerdo básico y tácito.
[11] De hecho, se constituyó en una política "clandestina" en el seno del régimen que aún hoy se mantiene, y nada hace prever su desaparición.
Valga como dato ilustrativo la "participación civil" con que cuenta la actual conducción militar:
"El 35.3 por ciento, o sea más de un tercio de los actuales intendentes con tendencias políticas definidas de todo el país, son radicales; el 19,3 de esos intendentes son peronistas y el 12,4% son demócratas progresistas. Tan sugestivos porcentajes surgen de uno de los trabajos más minuciosos de relevamiento político interno que se conozcan en la actualidad. Ese trabajo, realizado palmo a palmo sobre la extensión total del territorio nacional por los servicios de inteligencia del Estado, demuestra sobre los 1697 municipios censados, que sólo 170 intendentes, o sea el 10%, pertenecen a las fuerzas armadas; 649 intendentes, o sea el 38% carecen de militancia política definida y 878 intendentes, esto es, el 52%, están de un modo u otro adscriptos a una corriente política concreta. La primera de esas observaciones es que la Unión Cívica Radical aparece objetivamente prestigiada por el hecho de haber sido, entre todos los partidos políticos, aquel con el cual esté de un modo u otro vinculada el mayor número de intendentes designados por veintitrés gobiernos militares.
El detalle de los intendentes con tendencia política definida en todo el país es el siguiente (hasta fines de 1978):
Unión Cívica Radical 310 intendentes 35,3%
Justicialismo 169 " 19,3%
Demócratas Progresistas 109 " 12,4%
MID (Movimiento de Integración
y Desarrollo, liderado por Frondizi) 94 " 10,7%
Fuerza Federalista Popular (Manrique) 78 " 8,9%
Partidos Conservadores ajenos
a nucleamientos nacionales 72 " 8,2%
Neoperonistas 23 " 2,7%
Demócratas cristianos 16 " 1,8%
Partido Intransigente (Alende) 4 " 0,4%
Mientras, tanto los datos sobre la participación civil en el proceso cuanto la inexistencia durante tres años de declaraciones partidarias destinadas a prohibir a los respectivos afiliados integrar cuadros de gobierno -algo diferente de lo que ocurrió después de junio de 1966- están siendo anotados cuidadosamente por el general Harguindeguy." Confrontar diario La Nación del 25 de marzo de 1979, columna La Semana Política titulada: "La participación civil".
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